Asesinato de Miroslava, periodista de Chihuahua, el trasfondo

Asesinato de Miroslava, periodista de Chihuahua, el trasfondo

Martes 2 de enero de 2018, por Comité Cerezo México

Morir amenazada por narcopolíticos y en el abandono del nuevo amanecerNarcopolíticos tricolores y azules, implicados

Olga Alicia Aragón / A los 4 Vientos*

Miroslava Breach Velducea fue asesinada por intereses inconfesables que su intensa investigación periodística puso al descubierto, al documentar el enriquecimiento ilícito del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, así como las redes criminales de narcotraficantes y políticos -tanto del Partido Revolucionario Institucional como de Acción Nacional-, vinculadas a esferas superiores de poder que controlan estructuras de gobierno y grandes zonas del estado.

A tales hechos, Miroslava puso nombres y rostros.

En el Chihuahua de la última década fue consolidándose un sistema de poder criminal en el que políticos y empresarios tejieron alianzas con narcos regionales que, además de terror, ha generado riqueza personal y una corrupción rampante. La ola de homicidios de los meses recientes y la cacería desatada en contra del ex gobernador Duarte y de sus más cercanos colaboradores, nacen de esa simbiosis criminal.

En ese contexto asesinan a la periodista.

Sus colegas de Chihuahua coinciden con autoridades federales y estatales: Miroslava Breach fue victimada por su trabajo periodístico, arrojó luz sobre negocios efectuados en la oscuridad, desde las estructuras del poder y bajo un manto de impunidad.

El crimen, además, se ejecuta en una atmósfera envenenada por la guerra política que se desató en la entidad desde los pasados comicios locales, con la mira puesta en la presidencia de la república que se disputa en el 2018; guerra que involucra a grupos criminales incrustados de antaño en ámbitos de gobierno

El gobernador Javier Corral Jurado, el Fiscal general César Augusto Peniche Espejel y el comisionado nacional de seguridad de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, coinciden en que la línea de investigación del asesinato se encuentra en los escritos periodísticos de Breach. Dicen que todo señala al crimen organizado. “Es obra de la narcopolítica”, asegura Corral.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación -quien el pasado jueves expresó en entrevista periodística plena confianza en que el crimen se resolverá pronto en investigación que realizan de manera conjunta la Fiscalía de Chihuahua y la Procuraduría General de la República (PGR)-, tenía conocimiento, igual que el gobierno de Javier Corral, de que Miroslava Breach estaba amenazada por narcopolíticos, como consta en documentos de los que obtuvo copia A los 4 Vientos.

Miroslava develó en reportajes, crónicas y columnas el modus operandi, basado en la extrema violencia, con que mafias criminales han sometido durante años a la población, especialmente en la sierra Tarahumara, para apoderarse de zonas estratégicas no sólo para el cultivo y trasiego de drogas, sino para impulsar megaproyectos empresariales en territorios codiciados por sus valiosos recursos hídricos, forestales, minerales e hidrocarburos.

Basta para constatarlo la relectura de sus reportajes recientes.
Isidro Baldenegro López, luchador social indígena de la Sierra Tarahumara, asesinado en enero de 2017. Su crimen, hasta hoy, impune.

La defensa del bosque de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fue tema constante de la periodista. Ahí asesinaron el pasado 17 de enero al rarámuri Isidro Baldenegro, quien durante años encabezó la incansable lucha de su pueblo en medio de constantes amenazas por parte de talamontes vinculados a narcotraficantes.

"Miroslava ya no alcanzó a escribir su última investigación que, según reveló La Jornada el 25 de marzo, trata sobre la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en nueve municipios de la entidad, “como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico”.

La corresponsal, sin embargo, había publicado un reportaje el 02 de mayo de 2013 (“A balazos” defenderán agua productores chihuahuenses), dando voz a ejidatarios y productores agrícolas de los poblados de El Sauz, Encinillas y Colonia Cuauhtémoc, quienes denunciaron que sus acuíferos, que durante décadas sustentaron gran parte de la actividad agrícola del estado, se están secando porque “gente extraña, con mucho dinero y guardias armados, compraron grandes extensiones, perforaron pozos a 300 metros y sembraron, en algunos casos, hasta mil hectáreas de nogal”, para exportar enormes tonelajes de nuez al mercado asiático, negocio que garantiza ganancias multimillonarias.

Otra investigación emblemática generó en marzo de 2016 fuertes amenazas en su contra: la postulación de narcotraficantes, hombres y mujeres, de uno y otro partido político, como candidatos a alcaldes en varios municipios de la sierra.

En fecha más cercana a su muerte, escribió sobre la estructura narcopolítica en el estado: “Infiltra el narco gobiernos municipales de Chihuahua” (La Jornada, febrero 20 de 2017), dijo que por amenazas o complicidad, jefes regionales del narcotráfico en las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron a jefes policiacos, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas de obras públicas.

Breach ubicó por lo menos a diez directores de Seguridad Pública “vinculados al crimen organizado” en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos, regiones dominadas por dos grupos criminales, ambos relacionados con políticos priistas y panistas: “Los Salazares” en el sur de la Tarahumara, y en el noroeste del estado Carlos Arturo Quintana, “El 80”, uno de los jefes operadores de La Línea, como se conoce al brazo armado del cártel de Juárez.
El pasado 17 de marzo, el diario El Mexicano, de Juárez, Chihuahua, publicó esta imagen que se elaboró con información que proporcionó la Fiscalía General del Estado (Imagen: El Sol de México).

Rodeada por asesinos

El asesinato de Miroslava conmocionó a los chihuahuenses, causó fuerte impacto en el país y trascendió fronteras.

Su muerte debe pesar también sobre un gobierno indolente que -afirman familiares y algunos de sus más cercanos colegas y amigos-, nada hizo para protegerla, a pesar de estar enterado de las amenazas que recibía.

Ahora se conoce que los asesinos tuvieron bajo acecho a la periodista; seguían sus pasos y estudiaron su rutina para escoger el momento de ejecutarla, como revelan las videograbaciones de inmuebles vecinos al escenario del crimen, aseguradas por la Fiscalía General del Estado.

Miroslava Breach, quien nació en el pueblo serrano de Chínipas hace 54 años y ejerció durante más de dos décadas el periodismo en Chihuahua (reportera de El Heraldo y El Diario, corresponsal de La Jornada desde mayo de 1997, columnista de El Norte de Juárez y directora de la agencia MIR), fue acribillada a mansalva en la capital del estado, el jueves 23 de marzo, a las 7:06 de la mañana, cuando sacaba su camioneta de la cochera de su casa ubicada en José María Mata 6909, colonia Vallarta, para llevar a la escuela a su hijo adolescente Carlitos, quien se retrasó un minuto en salir y por fortuna aún no subía al vehículo. Andrea, su hija mayor, permanecía adentro de la casa.

El sicario profesional le disparó ocho balazos calibre .38, directos a la cabeza. No falló un tiro. Fue un mensaje a sangre y fuego, reforzado con otro, redactado en una cartulina, que el asesino dejó junto al cuerpo de la periodista, como muestran imágenes videograbadas por cámaras de inmuebles vecinos, difundidas por la Fiscalía con el propósito de que los ciudadanos ayuden a identificar al criminal.

Trascendieron diversas versiones sobre ese mensaje, pero una fuente confió a esta reportera haber leído el escrito en una fotografía de la cartulina. Asegura que dice textualmente:

“Esto te pasó por lenguona, por estar cerca del gobernador. Ahora sigues tu Javier. Firma: El 80”

Ocho horas después del crimen, casi a las tres de la tarde, el gobernador Corral, en compañía del Fiscal general César Augusto Peniche Espejel, dio una conferencia de prensa.

Para ese momento el mundo ya estaba enterado del asesinato de la periodista, la Unesco y Amnistía Internacional, entre una diversidad de organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones locales, nacionales e internacionales de periodistas exigían justicia para Miroslava; la Cámara de Diputados y el Senado de la República se unieron a este clamor exigiendo una investigación profesional, protección a la familia Breach y medidas de protección para otros periodistas chihuahuenses en peligro.

Corral destacó ante los medios dos aspectos medulares: La única línea de investigación -dijo- es el trabajo periodístico de Miroslava Breach.

Y se comprometió a transparentar la investigación. Instruyó a la Fiscalía para integrar “una comisión interinstitucional que incluya la participación de periodistas”.

“Es justo lo que esperamos”, comentó la reportera Dora Villalobos, convencida de que “por primera vez se está ante la posibilidad real de que el asesinato de un (a) periodista no quede impune”.

A 15 días del crimen, cabe señalar, sólo ha trascendido una precisión que hizo el gobernador a un grupo de colegas de Breach: los periodistas no participarán en la comisión interinstitucional, sino en “una comisión de seguimiento” de la investigación.
La protesta de un gremio al que los reiterados agravios no amedrentan . Marcha en la Ciudad de México. Periodistas demandan Justicia para Miroslava (Foto: Jesús P. Pelayo).

Coraje, lágrimas y dignidad

El asesinato de Miroslava se cometió en un contexto sumamente riesgoso para ejercer el periodismo crítico, de investigación, realizado por ella bajo amenazas de muerte que empezaron el 23 de septiembre de 2015, cuando escribió para La jornada sobre el desplazamiento de cientos de familias (“Huyen del narco 300 familias en Chihuahua”) obligadas por comandos armados que “asesinaron hombres, secuestraron a varias personas e hirieron a niños, para obligar a la gente a entregar sus ranchos, huertas, casas y todos sus bienes” en comunidades como Las Chinacas del municipio de Chínipas, a unos 600 kilómetros de la capital del estado.

El grupo criminal de “Los Salazares”, comandado entonces por Crispín Salazar Zamorano, fue mencionado por primera vez por la periodista. Ahí empezó el hostigamiento criminal en contra de ella.

El gobernador Corral aseguró ante los medios que él ignoraba que Breach había recibido amenazas recientes. “Me acabo de enterar hoy…”, dijo la tarde del 23 de marzo, cuando ya realizaban la autopsia al cuerpo de la periodista.

Comentó que la única vez en que Miroslava (a quien llamó su amiga y con quien dijo tener comunicación diaria y una relación casi de familia) sólo le había dicho una vez, hace casi dos años (cuando él aún era senador), que había sido amenazada.

Otra es la versión de colegas de Breach Velducea quienes afirman, pidiendo el anonimato debido al riesgo en que se encuentran, que al menos en tres ocasiones Corral fue informado, en algunos casos detalladamente, de las amenazas en contra de ella y de otra periodista; primero en septiembre de 2015, luego en marzo de 2016, después en agosto cuando ya era gobernador electo y por último en octubre cuando ya fungía como jefe del ejecutivo.

Estrujante es el relato de un testigo, incluido en actas ministeriales de la Fiscalía del Estado y de la PGR dentro de la investigación del crimen, sobre la última amenaza telefónica que recibió la periodista.

“Miroslava ya no quiso informar al gobernador sobre esta llamada. Dijo que no tenía caso hacerlo porque de cualquier modo nada hacía para protegerlos a ella y a otros compañeros en peligro, sabiendo todo lo que ya se le había informado”. Eran los primeros días de enero, recuerda el testigo y narra parte del diálogo:

-Estos cabrones siguen chingando. Me volvieron a amenazar.

 ¿Son los mismos? ¿Ya se lo informaste al gobernador?

-Sí, son los mismos cabrones. Y no pienso comentarle nada a Corral. Se supone que él ya sabe, ya debe saberlo, lo saben sus asesores.

 Pero una cosa es “deber” y otra “saber”. Tienes que decirle.

-No, que se vaya a la chingada. Ya se lo he dicho, él lo sabe (sobre las amenazas). Y si no tiene capacidad para analizar la situación, si en la Fiscalía no tienen la inteligencia para ver lo que está sucediendo y sus asesores (de Corral), aun enterados de lo que está pasando, no pueden ver lo que viene, si él tampoco puede prever el desmadre que se le vendría si matan a un periodista, que se chingue por pendejo.

-Pero eres tu quien está en peligro…

-No sólo yo. Somos tres. Y si él no actúa aunque sea para evitar las broncas en que se metería su gobierno, que se chingue-, repitió la periodista.

“Fueron palabra al calor del coraje y la impotencia, del sentimiento de indefensión que tenía Miros”, comentó el testigo durante el funeral.

(Newsweek en Español -donde se publicó originalmente este reportaje el pasado 31 de marzo en versión corta por razones de espacio-, informó que desde sus oficinas centrales de la Ciudad de México, a través de su coordinador de reportajes especiales buscó insistentemente al gobernador Javier Corral, pero, hasta el cierre de su edición, no obtuvo respuesta).

El día que mataron a Miroslava, con una mirada de dolorosa incredulidad ante la atrocidad del crimen, una colega que igual sufrió amenazas comentó A los 4 Vientos: “nos costó lágrimas vivir bajo esta situación, pero creo que en realidad no dimensionábamos el peligro en que nos encontrábamos”.

Recuerda aquel atardecer de enero del presente año, cuando ambas lloraron de coraje, miedo e impotencia.

“A veces nos dolía mucho pensar que nuestro trabajo periodístico no servía de nada, sentíamos que era como predicar en el desierto y quizá no valía la pena vivir amenazadas Así se lo dije a Miros y ella me contestó, con una mueca de sonrisa, tratando de contener sus lágrimas: mejor nos retiramos del periodismo, ¡vámonos a vender tacos!”

Claro –agregó la compañera de la periodista asesinada-, ella no podía dejar de escribir. Yo también lloré porque sentí miedo, pero un miedo extraño, con cierta alegría y convicción cuando me dijo: “tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos. No debemos guardar silencio ante tanta marranada. Con qué cara vamos a ver a nuestros hijos si no hacemos lo que está en nuestras manos para que se conozca la verdad”.

Quienes compartieron con Breach su concepción sobre el periodismo de profundo compromiso social, destacan su profesionalismo.

“Miroslava realizaba su trabajo con rigor ético; investigaba mucho cada tema, cruzaba información con varias fuentes, conseguía documentos y expedientes, verificaba hasta el último dato y sólo publicaba aquello que tenía plenamente documentado”, comentó Alejandro Gutiérrez (en la foto a la derecha), corresponsal del semanario Proceso en España, amigo de Breach Velducea desde que ella regresó a Chihuahua en 1995, después de haber estudiado ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y ejercer los primeros años de su carrera periodística en ese estado peninsular.

Narcopolíticos azules y tricolores

Corral sostiene que el asesinato de Miroslava Breach es obra de la narcopolítica.

Este crimen “fue milimétricamente planeado”, fue un “silenciamiento” por su trabajo periodístico. “Y digo esto – agregó el gobernador en entrevista con Álvaro Delgado, publicada el 26 de marzo en Proceso-, porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica”.

“Miroslava documentó las relaciones de narcotraficantes con el PRI en Chihuahua”. Por ello, enfatizó Corral, el equipo interdisciplinario encabezado por la Fiscalía, investigará el “móvil político” en el asesinato vinculado con la tarea periodística.

El gobernador panista se refiere al reportaje de Breach del 4 de marzo de 2016 (“Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”. La Jornada). Pero omite un dato esencial: la periodista no sólo documentó los vínculos del PRI con el narcotráfico, también los del PAN.

“Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores de trasiego de droga”, escribió Breach aportando nombres de candidatos y de municipios, entre ellos Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura.

Señaló al narcotraficante Arturo Quintana, El 80, quien “pretendió imponer a su suegra, Silvia Mariscal Estrada, como candidata del PRI en Bachiniva, junto con otros candidatos narcos en los municipios del noroeste del estado, incluido Namiquipa con la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza”.

En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara gobernado entonces por un panista “también vinculado al grupo criminal que domina la región” -escribió Breach-, el PRI registró a Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino del capo Crispín Salazar Zamorano.

La Comisión Estatal para el Proceso Interno del PRI –señala el reportaje- decidió que las candidaturas serían por designación directa en 34 de los 67 municipios; por paridad de género, 33 o 34 mujeres serían candidatas. “Ello ocasionó que esposas, hermanas, cuñadas y hasta suegras de ex alcaldes o de personajes identificados con los grupos criminales fuesen postuladas”.

Este fue el caso, dijo Breach, de los municipios de Gran Morelos, Uruachi y Urique, entre otros donde el PRI postularía a familiares de ex alcaldes presuntamente relacionados con grupos criminales. “También es el caso de Adriana Campos, abanderada del PAN en Uruachi”.

La difusión nacional de su reportaje obligó a los partidos a cambiar algunas candidaturas a última hora ante el Instituto Estatal Electoral.

Y volvieron las amenazas. La corresponsal reportó la situación a su periódico La Jornada e informó que había reportado al entonces candidato a gobernador del PAN lo que estaba sucediendo. Con datos investigados por Breach, el panista se comprometió a “poner orden” con la gente de su partido, recuerdan colegas que dieron seguimiento a su reportaje.

En junio de 2013, el panismo nacional se cimbró con el escándalo de los préstamos a sus senadores. Javier Corral e Ignacio Zavala se enfrascaron en una disputa pública que pintó su talante. Prometieron corregir, poner orden y en eso quedó, en promesa, como la que hizo el hoy gobernador de Chihuahua a la periodista Breach (Imagen. Portal Animal Político).

El mensajero del narco

Algunas amenazas tenían origen identificado, venían de un panista que actuaba como “mensajero” del capo Crispín Salazar. Miroslava se lo hizo saber al ahora gobernador, revelaron fuentes muy cercanas a la periodista. Además, dejaría constancia de la denuncia en su columna del periódico El Norte, firmada con el seudónimo Don Mirone.

El 25 de noviembre de 2016 escribió:

“El jueves (24 de noviembre), mientras Corral estaba ocupado en el evento con Imco, anduvo tocando puertas en su despacho y en otras oficinas de Palacio el impresentable ex Alcalde panista de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien quiere colocarse en una posición de buen nivel en la Secretaría de Educación y Deporte, para hacerla compatible con su plaza de profe y no perder tiempo de jubilación.

“El ex Alcalde de Chínipas es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la Presidencia Municipal. Solo cuando los medios de comunicación nacionales hicieron público tal despropósito, la dirigencia estatal priista sustituyó esa candidatura junto con la de Namiquipa. Esa información fue uno de los temas de campaña electoral de Corral, pero los datos nunca le llegaron de su supuesto correligionario de partido”.

Contundente, denunció:

"Las andanzas del ex Alcalde serrano que ahora quiere convertirse en funcionario estatal son más graves. Tuvo como director de la Policía municipal todo su trienio a Martín Ramírez, también sobrino del capo de la región Crispín Salazar Zamorano. El ex comandante de Policía aparentemente estuvo involucrado en múltiples asesinatos y desaparición de personas, mientras el Presidente Municipal dejaba hacer y dejaba pasar los crímenes”.

Un párrafo escrito por Miroslava cobra mayor relevancia a partir de su asesinato:

“Schultz también jugó de mensajero de Salazar, para intentar amedrentar a periodistas que han documentado lo que sucede en esa región”.

A pesar de la intervención directa de la periodista para que el gobernador negara a Schultz el alto cargo que solicitaba, el gobierno del nuevo amanecer -slogan de la administración corralista-, le otorgó un puesto dentro de la estructura estatal: coordinador de Educación de la Región Serrana en la Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte. Dato plenamente corroborado.

Policías infiltradas hasta la médula

“A la periodista Miroslava Breach le quitó la vida un sicario”, escribió Álvaro Delgado, “pero la mató también la indolencia del poder político y sus complicidades con el crimen, la narcopolítica ya enraizada en Chihuahua y en todo México”.

Breach Velducea evidenció los vínculos de políticos y empresarios con grupos criminales y las secuelas de sufrimiento que esa relación implica para miles de hogares enlutados por asesinatos, violaciones sexuales, feminicidios, desapariciones de personas, secuestros, masacres y desplazamientos de cientos de familias a las que han arrebatado todos sus bienes.

En los tres meses previos a su asesinato, escribió además un amplio reportaje y una serie de columnas sobre la infiltración del narcotráfico en las áreas de seguridad pública de los municipios.

Ella anticipó las reacciones de los grupos criminales a la decisión del gobierno de Corral de establecer el mando único de la Policía Estatal en seis municipios del estado –Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes–, como medida urgente para recuperar el control de las policías municipales.

“No se van a quedar cruzados de brazos ante el intento de acotar su control sobre vastas zonas del estado. El fin de semana ya se reportaron desplazamientos de hombres armados y encapuchados en algunos de los municipios intervenidos”, informó.

Miroslava tenía múltiples conocidos en la sierra y en instancias de poder a todos los niveles, conocía muy bien la geografía del estado y merced a todo ello podía ubicar estructuras criminales que controlan territorios de siembra de amapola en la sierra Tarahumara y sus rutas de narcotráfico hacia la frontera con Estados Unidos, así como la complicidad con el crimen organizado en ayuntamientos, cuerpos policiacos y otros mandos de gobierno, comentan varios colegas que conocieron su trabajo. Incluso, señalan, ella sabía qué periodistas estaban o están vinculados con narcos y qué medios hacen convenios deshonestos con políticos igualmente corruptos.

“Debe existir información muy valiosa en los archivos y expedientes que Miroslava fue organizando a través de muchos años”, observó Alejandro Gutiérrez, conocedor del trabajo meticuloso que realizaba Breach. Esos archivos, junto con la computadora y el teléfono celular de la periodista están ahora en poder de la Fiscalía y/o de la PGR.
El mediatismo de Corral, en la antesala de la carrera por la gubernatura de Chihuahua. Así enfrentó a César Duarte en el Congreso de la Unión (Foto: Portal Aristegui Noticias).

Con la lumbre en los aparejos

Miroslava Breach es asesinada en un ambiente de fuerte tensión política por las confrontaciones entre el ex mandatario César Duarte y el panista Javier Corral, quien con una promesa electoral atrajo votos suficientes para triunfar en las urnas: “Erradicar la corrupción. Encarcelar al ex gobernador corrupto junto con sus cómplices y recuperar para el estado el dinero y los bienes que le fueron saqueados.”

El crimen se comete en los albores de una nueva contienda por la Presidencia de la República, que se anuncia sucia y descarnada, con un panismo estatal presionado por las críticas crecientes de chihuahuenses que reclaman falta de voluntad política del nuevo gobierno para cumplir sus promesas de campaña.

Miguel Ángel Osorio Chong, en abierta campaña desde la Secretaría de Gobernación por la candidatura presidencial del PRI, el sábado 25 de marzo lanzó un dardo contra el gobierno de Corral. “Chihuahua se nos descompuso mucho. La federación no permitirá que se descomponga más”, dijo en Toluca al diario El Universal.

El PAN estatal reviró: “A Osorio se le descompuso todo el país, no Chihuahua”. Calificó de “cínico e irresponsable” al funcionario, a quien recordó que el combate a la delincuencia organizada es una competencia esencialmente federal.

Javier Corral (quien estima que el daño patrimonial al estado que causó la administración duartista supera los 6 mil millones de pesos), durante meses soportó la andanada de críticas por no dar muestras de que cumpliría sus promesas. Entre los reclamos, destaca la voz del fundador de Unión Ciudadana, el abogado Jaime García Chávez, quien denunció ante la PGR, el 23 de septiembre de 2014, al entonces gobernador César Duarte Jáquez y al Secretario de Hacienda Estatal, Jaime Ramón Herrera Corral, por enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades, tras la fundación del Banco Progreso de Chihuahua

Bajo ese contexto, entre noviembre y diciembre de 2016 a enero de 2017, Miroslava escribió constantemente sobre las investigaciones realizadas por la Fiscalía contra Duarte y sus cercanos colaboradores.

El 26 de enero de 2017, publicó en El Norte:

“Las medidas de protección legal que está tomando el exgobernador César Duarte para protegerse de acciones penales en su contra, hablan de que está sintiendo la lumbre en los aparejos. El amparo 15/2017 promovido por su abogado, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, en contra de la decisión del Juez de Control, Eduardo Alexis Ornelas, quien ordenó reabrir la investigación en su contra por el caso de Unión Progreso, apunta a un mar de fondo en el tema”.

Breach destacó un negro curriculum de Reyes Retana, “en casos de corrupción profunda”.

El abogado de Duarte -recordó la periodista-, estuvo relacionado con la defensa de la empresa Industria 3 SA de C.V., “aquella supuesta productora de espectáculos a la que el gobierno del veracruzano Javier Duarte le envió un maletín con 25 millones de pesos en efectivo, dizque para pagar los preparativos logísticos para la fiesta de La Candelaria, la Cumbre de Tajín y el Carnaval del Puerto, en enero de 2012, justo cuando empezaba la campaña de Enrique Peña Nieto.

“¿Será coincidencia que aparezca ahora defendiendo al Duarte de Chihuahua?”, se preguntó.

Breach fue una periodista muy crítica al gobierno de Corral. Como expresó Alejandro Gutiérrez, de Proceso, “Miroslava podía relacionarse con las fuentes y lograba información notable, lo mismo podía ser afable que firme con sus fuentes, con algunas establecía un vínculo afectivo pero nunca abandonaba su papel de periodista, sabía mantener esas fronteras y por su profesionalismo se ganaba el respeto de sus fuentes y de los colegas, porque sus textos aportaban información valiosa o los matices de un conflicto”

En su columna, Breach le advirtió al gobernador: “el escepticismo ya está asentando sus reales en la ciudadanía, que optó por el cambio el pasado 5 de junio”.

Y envió un claro mensaje al panista: “solo un temprano golpe de timón reavivaría la esperanza…”

El golpe de timón

Javier Corral parece haber escuchado el consejo, cuando la periodista yace en su tumba. Su gobierno ha dado un golpe de timón, al que llamó “Operación justicia para Chihuahua”.

Justo cuando crecen los reclamos de justicia para Miroslava, el gobernador panista da un giro de timón y logra atraer a su favor los reflectores nacionales y extranjeros al declarar prófugo de la ley a César Duarte, a partir de que el martes 28 de marzo (a cinco días del asesinato de la periodista) un juez libró orden de aprehensión contra el priista.

Un día antes, La Fiscalía detuvo a tres ex funcionarios duartistas: Javier Garfio, ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y ex alcalde de Chihuahua; Gerardo Villegas, ex director de la Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, además de Ricardo Yáñez, quien fue director de Coesvi y director de Vialidad.

Coincidentemente, al cumplirse una semana del asesinato de Breach Velducea, la Organización Policial Internacional (Interpol) publicó la ficha roja de búsqueda del exgobernador Duarte Jáquez, por intervención de la PGR a solicitud de Corral. A partir de ese momento, el priista ballezano podría ser aprehendido en cualquiera de los 190 países donde la Interpol actúa.

Además, se tiene en la mira al diputado federal suplente Antonio Enrique Tarín García, quien el miércoles 29 de marzo fracasó en su intento de tomar protesta en la Cámara de Diputados como legislador, tras la muerte del diputado titular Carlos Hermosillo Arteaga, fallecido en un accidente carretero en la ruta Parral-Chihuahua, tres días antes de que asesinaran a la corresponsal de La Jornada.

Tarín, quien se atrincheró 48 horas en la Cámara de Diputados, obtuvo un amparo para evitar ser detenido.

“Estamos apenas en el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió en la pasada administración, ex funcionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto encabezados por el ex Gobernador”, anunció Corral Jurado.

¿Y el asesinato de Miroslava?, se preguntan colegas y familiares.

El fiscal César Augusto Peniche, se reunió el pasado 29 de marzo con los legisladores integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las agresiones a periodistas. Ahí, el funcionario chihuahuense expuso detalladamente los magros avances de la investigación sobre el asesinato de Breach Velducea e informó con amplitud sobre las órdenes de aprehensión contra el exgobernador priista y sus más cercanos colaboradores.

 ¿Alguna de las órdenes de aprehensión giradas contra el ex gobernador César Duarte está vinculada con el crimen cometido contra la periodista-, preguntó el diputado Virgilio Caballero, de Morena.

-No están vinculadas-, respondió el fiscal.

Respecto al caso Breach, informó que “se tienen identificados” a dos hombres que participaron en el crimen: al chofer que trasladó al asesino y a quien escribió el mensaje en la cartulina.

Explicó que el domingo 26 de marzo fue localizado en una vivienda de la colonia Revolución, en la ciudad de Chihuahua, el automóvil Chevrolet Malibu, color gris y con “cola de pato”, presuntamente ligado al asesinato. Precisó que en el domicilio donde se encontró el vehículo se recabaron evidencias que permiten conectar a quien redactó el mensaje en la cartulina, corroborar la identidad del conductor y dispositivos electrónicos en cuyo contenido se detectó información con amenazas a la periodista.

Adelantó una pista: la familia donde se encontró el vehículo que utilizaron para el crimen, apunta a que “son originarios de la sierra, donde Miroslava también es originaria”.

Y eso fue todo.

Del sicario que acribilló a la periodista nada se ha dicho. Nada, tampoco, sobre la identidad de los autores intelectuales.

En medio de la parafernalia de declaraciones sobre la persecución del gobernador prófugo y las órdenes de aprehensión ejecutadas, Javier Corral fijó una postura respecto al asesinato de Miroslava: “no se dará más información a los medios sobre este caso, para no entorpecer las investigaciones”.

En contraste, se ha difundido profusamente que dentro del “Operativo justicia para Chihuahua”, la Fiscalía ya integró conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública al menos 26 carpetas de investigación por diversos delitos contra exfuncionarios del gobierno de César Duarte para recabar evidencias y presentarlas ante el Poder Judicial para solicitar las órdenes de aprehensión.

Los medios locales informaron que entre 56 y 70 exfuncionarios estatales y de la presidencia municipal de Chihuahua, incluso empresarios que obtuvieron contratos en la administración duartista, han solicitado el amparo de la justicia federal ante las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía por presuntos delitos penales cometidos durante el mandato de César Duarte.

Capacidad de maniobra

En el acto celebrado el miércoles 5 de abril en Palacio de Gobierno para rendir informe del primer semestre de su administración, Javier Corral inició su discurso citando al chihuahuense de Batopilas, fundador del PAN, Manuel Gómez Morín. “Poco a poco van quedando atrás las sombras del pasado, nosotros hemos salido de nuevo a ver las estrellas, en la convicción de que construimos un nuevo amanecer para todas y todos los chihuahuenses”.

La periodista Miroslava Breach ya no estuvo ahí para escribir con su ingenioso sarcasmo la crónica sobre el rumbo hacia el que marcha Chihuahua. El nuevo amanecer para ella fueron ocho balazos que le arrancaron la vida. Ocho tiros que arrojaron negras sombras sobre el estado.

En su discurso de 50 minutos, el gobernador mencionó en dos momentos el nombre de la periodista. La primera, para destacar que Chihuahua pasó del cuarto lugar a nivel nacional en el mes de noviembre de 2016 en homicidios por cada 100 mil habitantes, al sexto lugar en enero de 2017.

“Hemos enfrentado momentos difíciles en este tema, el homicidio de Miroslava Breach y de Adrián Rodríguez son un ejemplo de ello. Tengan la certeza que en estos casos vamos a llegar al esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía está trabajando en ambos temas y tenemos un alto porcentaje de avance”, dijo Corral y siguió mencionando cifras para demostrar la “reducción gradual y sostenida de homicidios dolosos”. Así, el asesinato de la periodista se redujo en el discurso del primer panista del estado a un dato estadístico enmarcado en una reducción sustancial al cierre de marzo con “29 eventos” en comparación con los 45 homicidios acumulados en enero y 40 en febrero en la capital del estado.

En el mismo análisis que ponderó la estadística, el gobernador mencionó que “en el resultado del mes de marzo se refleja el evento de Rubio donde dos bandas criminales se enfrentaron con un arsenal bélico que pudieron acumular en los últimos años con la complicidad de las autoridades”.

El saldo a nivel estatal, con ese criterio sería positivo: “de la cúspide reflejada en el mes de octubre con 209 eventos, bajó en los meses de noviembre, diciembre y enero a 136 eventos en promedio. En febrero subió a 168 y en marzo hay una reducción con respecto al último mes al quedar la cifra en 147”.

Miroslava fue asesinada en marzo. Estadísticamente un buen mes para el gobierno del estado.

Debemos actuar con responsabilidad –agregó el gobernador-, en materia de seguridad pública no se debe ocultar la información real, “pero tampoco se debe descontextualizar para crear la sensación de un escenario que solo afecta la percepción y la objetividad de los ciudadanos. Eso daña la imagen del estado, desalienta inversiones, reduce el empleo y aleja el turismo”.

Aprovechó para subrayar que el 75 por ciento de los homicidios está vinculado con el tema de las drogas, las armas y la delincuencia organizada, y por lo tanto la Federación “está obligada a realizar las tareas que le corresponden”.

Luego, orientó el discurso al corazón de su mensaje político: el cumplimiento de su palabra empeñada desde la toma de posesión del cargo de gobernador de llevar ante la Justicia “a una camarilla de rufianes”, dijo el gobernador, que endeudaron al estado comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones hasta el 2044, y se enriquecieron con dinero de “empréstitos” y “bursatilizaciones” que en todo caso debió utilizarse en beneficio de los que menos tienen.

“No hemos defraudado a los chihuahuenses”, dijo Corral con voz firme y aclaró a sus críticos que “la supuesta inacción, en realidad era estrategia, cuidado y rigurosidad”. Anunció que a través de la Secretaría de la Función Pública se han integrado variadas carpetas de investigación, logrado judicializar varios casos y obtener órdenes de aprehensión que en su momento serán ejecutadas contra el ex gobernador prófugo y los exfuncionarios involucrados.

La segunda ocasión en que Corral mencionó el nombre de Miroslava Breach -periodista que nunca abandonó su actitud crítica hacia el poder-, fue después de reprochar que en los últimos meses la crítica contra su gobierno “se ha exacerbado como nunca antes, en muchos momentos de manera infundada”. Pero a pesar de ello, celebró que “la libertad de expresión en nuestra entidad sea una realidad”.

Dijo que no pierde de vista nuestra realidad, ni los últimos acontecimientos. Por ello, “reitero mi obligación de hacer justicia para Miroslava Breach, queremos sentar el precedente de que cualquier delito cometido en contra de las y los periodistas será castigado con todo el peso de la ley, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

Y concluyó con una aseveración rotunda. Desde la óptica del gobernador, Chihuahua comienza a llamar la atención a nivel nacional “por los buenos precedentes que está sentando”. ¿Cómo para revolverse en su tumba?, se preguntan los más cercanos colegas de Miroslava.

Muerte anunciada

El asesinato de Miroslava Breach fue un crimen anunciado que nunca debió suceder porque muchas autoridades del estado y del gobierno federal, así como representantes de organismos de derechos humanos conocieron de las amenazas que recibían y ella y otra colega, incluidos los medios para los que trabajaban.

¿Se pudo evitar esta muerte? ¿Podía el nuevo gobierno haber aplicado medidas elementales para proteger la vida de la periodista?

Todos sabían que las corresponsales del periódico La Jornada y del semanario Proceso estaban bajo grave peligro.

Así consta en diagnósticos elaborados durante meses a partir de marzo de 2016, para solicitar que se decretara en Chihuahua la “Alerta temprana de protección a periodistas”, como sucedió en agosto de ese año; también consta en documentos redactados entre octubre, noviembre y diciembre, con la participación de integrantes del equipo de transición de Corral Jurado para aplicar, ya en la actual administración, un plan de contingencia dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, cuya Junta de Gobierno preside Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En el diagnóstico, elaborado con la participación de periodistas amenazadas por narcopolíticos, se señala:

“Se reciben amenazas directas, por terceros, de manera oral y por vía telefónica, debido a la cobertura de noticias e investigaciones sobre el crimen organizado y la corrupción. El crimen organizado reacciona a una nota periodística de manera inmediata, las amenazas son automáticas”.

Esta situación, destaca el documento, afecta a todos los periodistas porque el narcotráfico es un tema de interés social, informativo, que permea toda la vida del Estado.

Más aún, preveían que con el cambio de gobierno se podían ocasionar “graves afectaciones” contra periodistas “que han hecho visible las prácticas ilegales que involucran al gobierno saliente”. Contundente, el diagnóstico: “Se trata de la denuncia sobre redes de corrupción entre empresarios, funcionarios y el crimen organizado”.

“Que no haya continuidad en el gobierno, no significa que se desista de seguir produciendo amenazas e intimidaciones, incluso cabe la posibilidad de que estas se incrementen mientras se realiza el reacomodo de poderes e intereses”, advirtieron en su análisis quienes realizaron el diagnóstico con los testimonios y participación de periodistas amenazadas.

Se referían al periodo de alternancia política en el poder, ya que el 4 de octubre de 2016 el priista César Duarte concluía su sexenio y tomaba protesta como jefe del ejecutivo el panista Javier Corral.

De acuerdo con el contenido de este documento –A los 4 Vientos tiene copia- la Segob a través de los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Periodistas, así como los asesores del gobierno de Corral que participaron en la consulta para el plan de contingencia, conocieron desde marzo a diciembre de 2016, las condiciones de riesgo, incluidas las amenazas, en que trabajan Miroslava Breach y su colega.

El 29 de julio de 2016, la Junta de Gobierno del Mecanismo aprobó el Diagnóstico sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Chihuahua. Ese mismo día instruyó a la Coordinación Ejecutiva Nacional realizar -en coordinación con las organizaciones de derechos humanos solicitantes de la Alerta-, una propuesta de Plan de Contingencia para iniciar el diálogo con las autoridades del estado.

El 12 de octubre del mismo año, dentro de los trabajos de elaboración del Plan de Contingencia, el Mecanismo realizó un taller para identificar acciones concretas contra las causas estructurales de los riesgos. Este plan se presentaría al gobernador del estado para sus observaciones y posterior aprobación. El taller se llevó a cabo con la participación de periodistas de Chihuahua, organizaciones de derechos humanos que solicitaron la Alerta e integrantes del Consejo Consultivo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo.

El gobernador Javier Corral conoció ese documento, afirma una de las periodistas que participó en la elaboración del diagnóstico y en el Plan de Contingencia.

 ¿Cuándo recibió el documento? ¿Se le entregó en mano?

–Sí. Aproximadamente un mes antes del asesinato de Miroslava Breach, se realizó una reunión en Chihuahua con representantes del Mecanismo de Protección a Periodistas. “Y todos los que asistimos tuvimos ese documento en nuestras manos”

 ¿Quiénes asistieron a esa reunión?

 Estuvieron entre otros, (Roberto) Campa Cifrián, presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo; César Jáuregui Robles, secretario general de gobierno en el estado y el gobernador Javier Corral. En la reunión donde nos dividieron en mesas de trabajo, también estuvo Rodrigo Santiago, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

E

se documento es un grito de alerta sobre la situación que prevalece en estado, especialmente en la sierra Tarahumara. Advierte sobre la continuidad y posible incremento de las agresiones a defensores de derechos humanos y a periodistas.

Menciona el documento específicamente a las corresponsales de Proceso y de La Jornada, entre quienes se encuentran en peligro.

Advierte, también, que “ante el incremento de proyectos extractivos y megaproyectos inconsultos se produce la persecución y amenazas directas con el interés de que no se ejerza la labor de defensa y denuncia. Aumento de prácticas intimidatorias”.

 ¿No hay duda alguna de que las autoridades estatales y federales mencionadas conocieron este documento?

 Sin duda alguna. Por eso me asombra la capacidad que tienen para mentir.

Narcomanta

En un hecho que enturbió aún más el enrarecido ambiente político en Chihuahua, y a unas horas de haber anunciado la cacería en contra de César Duarte luego de que se giró la orden de aprehensión en su contra, apareció una manta colgada de un puente peatonal, en una de las vialidades más transitadas de la ciudad, el Periférico de la Juventud, a la altura de la colonia Campesina, con una amenaza escrita en párrafos negros y rojos contra el gobernador del estado.

“Esto es para que estés enterado Corral, si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar a todos. Querías guerra pues ya la tienes. Estoy agarrado a alguien más poderoso”. En la línea final advierte a periodistas “hocicones”: No se metan en lo que no le importa y en una guerra que no van a ganar porque los voy a matar a todos a la verga”. Y firma “Atte El 80”, el presunto narco amigo de César Duarte, a quien Javier Corral prometió expulsar de Chihuahua 72 horas después de asumir como Gobernador.

(Re) Nacimiento de la Narcopolítica

Desde el municipio de Guadalupe y Calvo viajaron a la ciudad de Chihuahua cuatro priistas que tenían un asunto urgente que informar. Se trataba de algo grave, dijeron, y por lo tanto querían mantener su identidad a salvo. Buscaban, sin embargo, que la historia que traían consigo fuera publicada por algún diario local.

Era el año de 2004 e iniciaba el proceso interno para postular candidatos a presidentes municipales y diputados. José Reyes Baeza, exalcalde de Chihuahua, sería candidato a gobernador, sin conflictos en el partido.

Para lograr la candidatura, Reyes Baeza enfrentó en la elección interna a Víctor Anchondo Paredes, quien durante el sexenio de Patricio Martínez (1998-2004) fue Secretario General de Gobierno, Gobernador interino y líder parlamentario del PRI en el Congreso local. Reyes obtuvo un amplio triunfo y posteriormente fue postulado por la coalición electoral “Alianza con la Gente” integrada por el PRI, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Reyes Baeza venció en la elección constitucional con más de 15 puntos de ventaja (56.4 contra 41.3) al panista Javier Corral, quien contendía por primera vez por la gubernatura del estado, por el PAN aliado en esa ocasión con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia, Democrática, en la coalición “Todos Somos Chihuahua”.

Tres años antes, en enero de 2001, el gobernador Patricio Martínez había sufrido un atentado en las escalinatas de Palacio de Gobierno; los médicos lograron salvarle la vida, a pesar de que el mandatario priista recibió un tiro en la cabeza.

Durante el sexenio de Reyes Baeza la entidad se convertiría en escenario de la más cruenta batalla “entre narcos” que haya registrado el mundo reciente. Joaquín, “el Chapo” Guzmán, capo del cártel de Sinaloa -quien se fugó el 17 de enero de 2001 por primera vez de una cárcel de alta seguridad, en Puente Grande, Jalisco en los primeros días de la presidencia de Vicente Fox- diputaba la plaza al cártel de Juárez en una guerra sanguinaria que se extendería hasta el sexenio del Felipe Calderón y los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero lo que estaba sucediendo a principios de 2004 en la sierra Tarahumara, preocupaba hondamente a estos priistas.

“Podemos asegurarle a usted que es en este mes y en este año preciso, anótelo así, cuando nace en Chihuahua la narcopolitica”, comentó uno de ellos con voz apagada, casi en un murmullo, temeroso de ser escuchado por los comensales de mesas vecinas donde tomábamos café.

El interlocutor era un ex alcalde de Guadalupe y Calvo, el municipio situado en el Triángulo Dorado de la droga, territorio que comparte Chihuahua con Durango y Sinaloa. La alerta era porque les habían impuesto, por vez primera, a un “narco” como candidato. Lo que ocurría allí era una réplica de lo que sucedía en otros municipios de la Tarahumara, y el apoyo, tanto político como financiero, señalaron, provenía de una misma fuente: el entonces líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), César Duarte Jáquez.

Jesús Velázquez Rodríguez ganó la alcaldía en 2004. Tres años después sería diputado local por el distrito 21. En tal condición adquirió notoriedad al formar parte del elenco de una película protagonizada por Erick del Castillo y Rafael Goyri: Plomo en la sierra, en la que encarnó a un narcotraficante llamado Chuy Castillo. En los primeros años del sexenio de Duarte (2010-2016) apareció como Coordinador estatal de la Tarahumara y en marzo de 2013 tomó posesión como líder estatal de la CNC.

“No crea usted que es un asunto menor que se quedará en unos cuantos municipios perdidos en la sierra. Se está construyendo toda una estructura para sacar adelante la candidatura de Duarte, primero para diputado local, luego para diputado federal y allá arriba, con el apoyo de gente como Emilio Gamboa Patrón y otros gallones muy pesados del grupo Atlacomulco, van a fortalecer a Duarte para hacerlo candidato a gobernador”, confió el priista a principios del 2004.

Aún no arrancaba la campaña de Reyes Baeza por la gubernatura, cuando a decir de estos priistas serranos, ya se estaba construyendo el relevo con Duarte para el 2010.

“Vienen tiempos terribles”, dijo el ex alcalde, quien optó por retirarse definitivamente de la política

En medio de una temprana y soterrada pelea intestina del priismo por el relevo en la gubernatura, el domingo 22 de febrero de 2009 el gobernador Reyes Baeza y sus escoltas sufrieron un atentado frente a la edificio de la Dirección de Vialidades, en la esquina del periférico de La Juventud y el boulevard Ortiz Mena, arterias de alto tránsito en la ciudad. Ahí murió acribillado su escolta personal Alejandro Chaparro Coronel y fueron lesionados otros dos agentes. También fue herido uno de los agresores. El hombre que comandaba al grupo de cinco sicarios resultó ser un exmilitar del 57º Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero.

Pruebas dactilares cotejadas por la procuradora de Justicia, Patricia González, con información del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, reveleraon la identidad del sicario detenido: Eduardo Hernández Valdez, de 36 años, quien había ingresado a la Secretaría de la Defensa Nacional el 10 de septiembre de 2001 y -dato no confirmado por la procuradora-, causó baja de la Sedena en octubre de 2003.

Todos los aspirante a la candidatura terminaron declinando sus aspiraciones. El 28 de febrero de 2010 se celebró la convención de delegados del PRI que eligió formalmente como candidato único a César Duarte, postulado posteriormente en coalición con el PVEM, el PANAL y el PT.

Todo indica que los cuatro priistas de Guadalupe y Calvo tenían una “bola de cristal” en su análisis político, aunque no pudieron ver el declive del priista ballezano, ahora prófugo de la justicia, buscado por la Interpol en 190 países.

Son días aciagos para los Duartes, Javier (exgobernador de Veracruz) y César, el exmandatario chihuahuense, quienes un día soñaron que podían ser presidenciables, cuando en 2012 el recién electo Enrique Peña Nieto dijo en una entrevista televisiva que ambos Duartes junto con el también ahora perseguido Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, eran “el nuevo rostro” del PRI.

Desde el renacimiento de la narcopolítica en Chihuahua, peligro sobre el que trataron de advertir a la sociedad cuatro priístas serranos de Guadalupe y Calvo en 2004, la fusión de la política y el narco se consolida en estructuras que controlan buena parte de esos municipios en el estado más grande del país, como logró documentar la periodista Miroslava Breach Velducea, hasta el día previo a su asesinato.

Justicia para Miroslava

Terribles, pero verdaderas, son las palabras escritas por la periodista Elia Baltazar ( revista Nexos, marzo 29 de 20017) ante el dolor y la frustración por el asesinato de Miroslava.

“A pesar de las evidencias, la documentación de casos y las denuncias, para ninguna autoridad ha significado un costo político el asesinato de un periodista”, afirma Elia Baltazar. La capacidad de maniobra de los gobernantes para eludir el costo político de estos crímenes, parece confirmarse en Chihuahua.

No hay consecuencias (para autoridades y gobiernos) por sus pésimos resultados en las investigaciones de los crímenes, agrega Baltazar en su artículo “Periodistas asesinados, ¿quién gana?”

Dice Elia que de muy poco ha servido una ley federal frente a la impunidad regional, donde sabemos que las amenazas contra la integridad de los periodistas casi siempre vienen del poder y su connivencia con el crimen.

Y nos recuerda la articulista que “los periodistas hemos caído en las trampas de la política de la simulación”

Allií donde hay periodistas asesinados, señala Elia Baltazar, aparecen mecanismos de protección, pero no garantías para la investigación y la justicia. A cada asesinato, la clase política responde con “indignadas” declaraciones, con foros sobre libertad de expresión y promesas que siempre se posponen. Y exclama: ¡Ya basta!

La experimentada colega nos llama, como gremio, a que obliguemos a gobernadores y autoridades a rendir cuentas, “elevar el costo político para todos los actores, incluido el presidente, el secretario de Gobernación, el procurador y cualquier otro responsable de garantizar los derechos de los mexicanos. Para eso están allí”.

En Chihuahua, decenas de periodistas que exigen justicia para Miroslava se han estado reuniendo con un objetivo claro: impedir que el crimen quede impune.

Abrieron en Facebook la página “Justicia para Miroslava”, realizaron asambleas y un mitin de protesta, decidieron hacer cumplir al gobernador su palabra de integrar a periodistas a la comisión interdisciplinaria que investiga el crimen de Breach Velducea; preparan también la edición de un libro para difundir vida y obra de la periodista victimada; establecieron vínculos con organismos nacionales e internacionales para emprender esta campaña a todos los niveles.

Exigen, como expresó La Jornada en su editorial, una investigación conforme a la ley, rápida, exhaustiva y certera. Que se encuentre a los asesinos, que no se inventen chivos expiatorios, que la investigación vaya al fondo de la verdad porque nadie aceptara una historia inventada sobre un solo asesino y algún autor intelectual perdido en un municipio serrano cuando ese sería el eslabón menor de una sólida cadena de narcopolíticos incrustrados en altas esferas del poder político y económico.

* Foto principal: La Parada Digital